"El fraude electoral y el dilema de participación política en las elecciones regionales"
Por: Abg. Oreana Díaz
TW: @diazlawyer24
Después de la ejecución éste 30 de julio de 2017 del fraudulento proceso de elección de los candidatos a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), llevado a cabo por el gobierno autocrático venezolano, y la denuncia hecha éste martes 01 de Agosto de 2017 por el director de la empresa Smartmatic, tras haber observado irregularidades en el proceso electoral por la manipulación de los datos de participación, estimando una diferencia de al menos 1.000.000 de votos; ciertos hechos con respecto al principio de imparcialidad, autonomía y transparencia que debe seguir el órgano rector y los procesos electorales en Venezuela, quedaron confirmandos: i) que la realización de un proceso electoral bajo el sistema electrónico puede ser tan susceptible de manipulación como lo puede ser un proceso electoral manual, ii) que existe evidente parcialización política por quienes ejercen el cargo de la junta rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), iii) que el pueblo venezolano no confía en los resultados de los procesos electorales que puedan anunciarse bajo la rectoría de la actual administración del órgano electoral, iv) que la junta rectora del CNE ha quedado deslegitimada del ejercicio del cargo por parcialización política, abuso del poder y fraude electoral, v) que el poder electoral se encuentra al servicio del poder ejecutivo, por lo que la independencia y autonomía del poder ya no existe.
La nación ha sufrido otro golpe de Estado, consumado ésta vez desde el Poder Electoral, sin embargo, su deslegitimación no nace con el fraude electoral en el proceso de elección de los candidatos a la ANC, el mismo ha sido efectuado continuamente desde el momento en que el órgano electoral aprobó la celebración de una ANC, convocada inconstitucionalmente por Maduro bajo el Decreto del 1 mayo de 2017, usurpando la soberanía, un fraude constitucional consolidado en perjuicio de la nación.
Ahora bien, en el calendario electoral pautado despóticamente por el CNE, a modo de desencadenar una mayor crisis institucional, fijó la realización del proceso de elecciones regionales para el día 10 de Diciembre de 2017, siendo el caso, que el mandato constitucional contemplaba la celebración de dicho proceso electoral para el año 2016, proceso que fue obstaculizado por la omisión del CNE de acatar el mandato constitucional, apoyado de los entorpecimientos ordenados por el Tribunal Supremo de Justicia por la renovación de los partidos políticos, que conllevó a la violación del derecho al sufragio, como al mantenimiento provisorio e inconstitucional en el mandato de una serie de gobernantes, que desde enero del 2017 no están legitimados para el ejercicio de su cargo por normativa constitucional.
Al contraste de lo anterior, se pretende la celebración de dicho proceso electoral a posterioridad de un proceso electoral cuyo fraude ha sido denunciado por Smartmatic, empresa que provee el servicio de máquinas y sistema de votación electrónica utilizadas para los procesos electorales, como responsable de la transparencia en la totalización de los votos en los procesos electorales en Venezuela. La señalada denuncia, pone en tela de juicio la transparencia del proceso electoral y la autonomía e independencia del órgano electoral, trayendo un nuevo debate al país ¿Debe participar la oposición política en tal proceso electoral?.
El dilema surge tras la experiencia política del año 2005 cuando la oposición política al gobierno de Chávez llamo al abstencionismo en las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional, lo que originó la mayoría absoluta del partido del gobierno en el Poder Legislativo, y desde ése entonces, permitió el abuso del Poder Legislativo, favoreciendo la interposición de los intereses de un grupo, sobre el bien común. Lo anterior ha motivado al partido Acción Democrática a anunciar su participación en el proceso electoral, aun cuando la ciudadanía proclama el desconocimiento de la legitimidad del órgano por su parcialización y dependencia del Poder Ejecutivo. De participar la oposición política en las elecciones regionales, la veracidad de los resultados que pueda anunciar el órgano electoral, dependerá de un necesario control político y ciudadano tanto al momento del ejercicio del voto, como en el acto de escrutinio de los votos hasta la fase de su totalización ante el órgano electoral para la emisión del boletín, sin que ello signifique, la confianza de los ciudadanos en su transparencia, autonomía e independencia.
No obstante la denuncia, la ANC ha sido impuesta éste 04 de Agosto de 2017, y con ella, se han fijado inconstitucionalmente planes de reestructuración de la base fundamental del Estado Venezolano, como se ha dado inicio al plan de destitución de cargos y aprehensión a los actores que obstaculicen los propósitos del gobierno autocrático, lo que tampoco garantiza que de resultar victoriosos los partidos opositores, puedan administrar el poder regional.
El filósofo J.J. Rousseau en su Du Contract Social, señalaba que la sociedad no tiene más que una sola voluntad, la cual se encuentra dirigida a la procura de la común conservación y el bien general, que no es el bien de las minorías, ni el bien de las mayorías - como pretende hacer entender el gobierno autocrático -, sino el bien general de la sociedad como una unidad. La unanimidad de la sociedad desaparece cuando se altera el interés común, cuando se trata de imponer los intereses particulares sobre los generales. El ruin interés particular utiliza el bien público, lo manipula, y utiliza las leyes para emitir decretos que solo tienen por objeto un interés particular - como así ha sucedido con la ANC -, y es entonces, cuando la voluntad general se enmudece y los ciudadanos parecen formar parte de un Estado que jamás hubiera existido. Empero, Rousseau afirma que tal hecho no significa que la voluntad general se haya corrompido, la misma permanece constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras voluntades, la voluntad general es indestructible. Ha sido voluntad del soberano que los órganos del poder público sean autónomos e independientes, a los fines de garantizar el orden democrático en Venezuela, y un proceso electoral legítimo debe afirmarse como tal.
Nos leemos en la próxima,
OGDS
04/08/2017
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